
Esta situación no es nueva, el 21 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín cumpliendo con una de sus propuestas de campaña, envió al Congreso un proyecto de ley de “reordenamiento sindical” conocido como “Ley Mucci”. La propuesta promovía la convocatoria a elecciones de delegados sindicales y de autoridades en todas las asociaciones gremiales de trabajadores. Para ello buscaba modificaciones en las condiciones, garantías, padrones, listas, electores y jueces electorales. La propuesta remitida al Congreso junto al mensaje presidencial 209/83, describía la situación gremial y señalaba que -entonces- gran parte de los sindicatos no habían podido revalidar autoridades: muchos estaban intervenidos, otros eran gobernados por comisiones transitorias nombradas por el régimen militar o por dirigentes con prórrogas de sus mandatos. La propuesta pasó la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en el Senado por la férrea oposición del peronismo.
28 años más tarde, los dirigentes sindicales se encuentran más preocupados en defender su poder -y sus patrimonios mal habidos- que en el bienestar de los trabajadores a los que ya no representan demasiado. Hasta se permiten exigir, por medio de la extorsión y la violencia, espacios de poder en el seno de un gobierno del que son parte. Del otro lado, hay una economía en expansión con un récord de trabajadores informales y otros tantos empobrecidos o pauperizados, a los cuales, ni los gremios ni el verdadero “ministro de los trabajadores” -el ministro de trabajo y candidato Carlos Tomada-, no les otorgan ninguna solución. Esta gran ambición no concretada por Raúl Alfonsín para permitir la libertad sindical, hubiese cambiado en parte esta penosa realidad. ¿Por qué la CGT tiene que tener el monopolio cuando, en definitiva, solo representa al Partido Justicialista?, preguntó Ricardo Alfonsín. La misma pregunta nos hacemos muchos argentinos.
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